Acerca del Programa

El Programa "El gobierno electrónico como política pública del Estado venezolano", se encuentra adscrito al Centro de Investigación de la Comunicación y la Información de la Universidad del Zulia dentro de la Línea de Investigación Tecnologías de la Comunicación y la Información. Se inició en el año 2005 con financiamiento del Consejo de Desarrollo Científico y Humanístico de la Universidad del Zulia (No. CONDES CH-0529-10) bajo la dirección de la Dra. María Isabel Neüman como investigadora responsable y del MSc. Ángel Páez como co-investigador principal. En esta oportunidad el Dr. Ángel Páez funge como investigador responsable y la Dra. María Isabel Neuman como co-investigadora principal.

El programa consta de dos proyectos:  
Proyectos: 1. Participación ciudadana a través de las TIC (gobierno electrónico) en las Escuelas de Familia en los Colegios del estado Zulia
Investigador responsable: Doctor Ángel Páez, Co-investigadora principal: Dra. María Isabel Neuman

2.
Participación de los venezolanos en las redes sociales: el caso de la cuenta Twitter de Hugo Chávez

Investigadora responsable Dra. María Isabel Neüman. Co-investigador principal: Dr. Ángel Páez. Co-investigadores de otras instituciones:  MSc. Alfredo Montilla, Msc. Holy Castañeda

Resumen


En el presente programa se parte de una propuesta teórica sobre Gobierno Electrónico como herramienta de acceso al poder a través de la Participación Ciudadana sustentada en la Reapropiación Social, desde la perspectiva del pensamiento crítico latinoamericano. La aspiración del trabajo es abonar el terreno para una discusión teórica que permita reorientar la política pública del Estado Venezolano en términos de Gobierno Electrónico. La presente propuesta se desarrolla en el contexto de escenarios inciertos: a) un tercer sector (organizaciones sociales) poco desarrollado; b) una clase política aun influenciada por el paradigma instrumental de la tecnología; c) estructuras estatales aun muy burocráticas y alejadas de la visión compleja; d) sectores sociales aun con bajos niveles de organización; e) un mercado que ha penetrado la política pública en materia de TIC para inundarla con su modelo consumista. Se aspira a que con los resultados de estos proyectos se logre ampliar la caracterización y evaluación del gobierno electrónico a través del uso de las TIC por parte de diversas comunidades en Venezuela.


Palabras clave: gobierno electrónico, apropiación social, tecnología, participación ciudadana, redes sociales, ciberactivismo, usabilidad, accesibilidad, personas con discapacidad, políticas públicas.

PROBLEMA
El gobierno electrónico puede definirse en términos tan simples como fines públicos por medios digitales. Subyacen dos expectativas que se tienen sobre el mismo: la posibilidad de ofrecer servicios vía electrónica y la de desarrollar democracia electrónica. En el primer sentido, se espera que el gobierno pueda proveer servicios a los ciudadanos, por medio de mecanismos electrónicos que permitan mejorar la calidad de la entrega, requiriéndose transparencia y acceso a la información. En un segundo sentido - dónde se tienen mayores expectativas - es cuando el gobierno electrónico constituye un espacio donde los ciudadanos se reúnen en igualdad de condiciones para debatir sobre temas que sean significativos para la comunidad y para tomar decisiones que dan forma a la sociedad (Reilly y Echeverría, 2003).

La propuesta del Estado venezolano aparece siguiendo esta concepción de gobierno electrónico en la cual el propósito de su aplicación para la participación ciudadana es prioritario sobre otros enfoques de gobierno electrónico, como los de Criado, Ramilo y Salvador (2002), Backus (2001), Okot-UMA (2001), Holmes (2001), quienes parten de una perspectiva eurocéntrica y neoliberal que persigue desarrollar el gobierno electrónico en función de los intereses del mercado.

Se podría afirmar que el marco legal creado para la aplicación del gobierno electrónico en Venezuela hace énfasis en los aspectos que contribuyen a la participación ciudadana en la cual el ciudadano pueda desarrollar un rol protagónico. Ejemplo de ello lo encontramos en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que promueve la participación ciudadana como medio protagónico del pueblo en el ejercicio de su soberanía, así como la Ley del Estatuto de la Función Pública, la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal (2001), la Agenda de Gobierno Electrónico de Venezuela (2001), el Nuevo Mapa Estratégico de la Presidencia de la República Bolivariana de Venezuela (2004), el Decreto 825 (2000), el Plan-TIC 2007-2013, el Decreto 3.390 (2004), la Ley Orgánica de Ciencia, Tecnología e Innovación (2001), la Ley de Telecomunicaciones (2000), el Proyecto de Ley de Infogobierno, la Ley Orgánica del Poder Público Municipal (2006), las Normas para fomentar la participación ciudadana (2007), Ley contra la corrupción (2003), Ley Orgánica de Planificación (2001) y la Ley de los Consejos Comunales (2006), entre otros.
                                                                                                                                                
De acuerdo a la Constitución venezolana, la participación ciudadana es el eje fundamental de la Democracia, ya que representa un mecanismo o instrumento indispensable para acceder al poder. Es por medio de la participación ciudadana que se puede construir ciudadanía, pero entendida en términos de Salazar (2005. P. 58), quien apunta a un sujeto “que se asume con derechos y capacidad para re-situarse en el espacio público, revelándose como sujeto desciudadanizado y exigiendo una ciudadanía con derechos, donde los derechos lo coloquen en posibilidad de ejercitar sus responsabilidades”.

Sin embargo se puede afirmar que el gobierno electrónico en Venezuela se encuentra apenas en la fase informacional, atendiendo a la clasificación de Gartner (2000) según varios estudios realizados en el país en los últimos años (Rincón y Romero, 2003; Gonzalo, 2005 y 2006; Ochoa, 2006; Montilla y Páez, 2006; Páez y Castañeda, 2007; Montilla, 2009; entre otros). 

Esto significa que aunque una primera etapa ha sido desarrollada con la ventaja de contar además con todo un marco legal para su aplicación, el proceso de gobierno electrónico en Venezuela tiene por delante un largo camino que recorrer antes de poder alcanzar plenamente su propósito de impulsar la participación ciudadana. Para lograrlo, necesitamos superar la visión del Estado basada en la eficiencia técnica y avanzar hacia un modelo menos consumista de tecnología que tienda a resolver problemas básicos de la sociedad (Andrade, 2009).

Cendrós, Durante, y Fermín (2004) advierten que en las Alcaldías de Venezuela no hay voluntad política, ni una política informática orientada al pensamiento estratégico en los desarrollos de gobierno electrónico.

Si medimos al gobierno electrónico en Venezuela de acuerdo a la participación electrónica (plan de acción de gobierno electrónico, desarrollo  de estrategias y políticas de participación electrónica y el estado de las TIC en el país), encontramos que en el 2005 Venezuela ocupaba una posición privilegiada entre los primeros 20 países de Latinoamérica, ubicándose en el puesto siete (07) (Tabla 1).

Tabla 1. Global E-goverment Readiness Report

La posición ventajosa de Venezuela a principios de la década en materia de participación electrónica obedece a la orientación social de la agenda de gobierno electrónico, en la que se observa, de acuerdo a Reilly (2004), la intención de transformar radicalmente al Estado y se reconocen, al menos indirectamente, el enfrentamiento y los conflictos que pueden presentarse entre la gestión pública tradicional enmarcada en la democracia representativa de corte neoliberal y la construcción de una democracia directa, participativa y sustantiva. A juicio de Reilly (2004) “la definición de Venezuela es la que pone el mayor énfasis en los aspectos socialmente relevantes del e-gobierno”.

Las estadísticas en el 2010 muestran un balance diferente. De acuerdo al índice de la ONU, en cuanto a participación electrónica, Venezuela se muestra lejos del líder regional, que es Colombia (Tabla 2). Si bien no se puede hablar de retroceso, hay un evidente estancamiento que tiene un gran significado para un país que hoy debería liderar los avances de gobierno electrónico en América Latina.

Tabla 2. Índice de Gobierno Electrónico


Fuente: United Nations (2010)

Coincidimos con Albornoz (2007), quien plantea que el estancamiento se debe fundamentalmente a que el despliegue de la Agenda Nacional de Gobierno Electrónico, durante la primera década del siglo XXI, no obedeció a su carácter social, sino a una lógica instrumental - desde un modelo de negocios – que ha convertido al Estado en un consumista de tecnología, prestando demasiada atención a las soluciones técnicas y mucho menos a la complejidad de los desafíos sociales que implica profundizar los niveles de apropiación social de las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC)[1].

A través de los estudios de Albornoz (2007), Páez y Castañeda (2007), Páez y Montilla (2010), Raenyra y Díaz (2010), Gotopo, Leal y Oliveros (2010), De Barry y Palmar (2010), entre otros, no es difícil concluir que en la actualidad el gobierno electrónico venezolano debe hacer mayores esfuerzos para propiciar la democracia. Para lograrlo, debe entenderse que cuando los venezolanos participan usando la tecnología, lo hacen a través de procesos de apropiación. La tecnología penetra el tejido social y ello provoca actos de apropiación que ocurren de manera intencional y con un carácter social, cultural, económico y político. “Apropiarse es un acto dentro de la esfera de la subjetividad del que se apropia. Lo que se apropia le será desde ese momento propio…más en significados, usos y propósitos que en el aspecto de la propiedad” (Neüman, 2008, p. 65)



[1] Al respecto recomendamos la lectura del artículo “Twitter y Blackberry son una moda, la atención a la gente no puede estar construida sobre una moda”. Disponible en: http://www.aporrea.org/actualidad/a100336.html

OBJETO
El empoderamiento de las comunidades implica que se transfiere a éstas la información y los recursos necesarios para que a partir de las mismas comunidades se comience a ejercer el poder comunitario. El empoderamiento representa un impulso inicial que después debe ser sustentable. Es aquí donde entra la apropiación social. ¿Cómo se logra que el impulso inicial sea sustentable? Si la comunidad no se apropia de la información y recursos, eventualmente el esfuerzo no será sustentable pues dependerá de fuerzas o poderes externos. El empoderamiento es que las comunidades desarrollen su propio poder propulsor y éste se logra por medio de la apropiación.
Al respecto, trabajos de colaboración entre expertos han producido la terminología para abordar el proceso de introducción de las tecnologías de la información y comunicación en las sociedades periféricas. En estos aportes se aprecia de entrada que se concibe a la apropiación de las tecnologías como una “actividad social, cultural, económica y política de pleno derecho. El uso de las tecnologías, en efecto, se inscribe profundamente en la vida social de las personas y es reductor considerar el impacto de las tecnologías de la información como un simple asunto de costo, de funcionalidad o de simplicidad de las interfaces”  (Cardon, 2006: s/p)
La obra  “La invención de lo cotidiano” (1980) de Michel de Certeau, tuvo una gran influencia en los estudios de usos en Francia y en la corriente británica de los estudios culturales introduciendo el tiempo y las dinámicas de aprendizaje como elementos claves de la apropiación y de la estabilización de los usos en hábitos o rutinas ampliando la visión de la relación individual de las personas con las interfaces tecnológicas.
La apropiación como concepto referida a las tecnologías de la información y comunicación, TIC, fue trabajada inicialmente por investigadores franco-canadienses en los primeros  estudios de uso de las TIC en las décadas del 70 y 80. (Proulx, 2004)  Ellos deseaban desarrollar una sociopolítica de los usos que llamara la atención sobre la dimensión conflictiva de la apropiación de las tecnologías en el seno de las relaciones de producción y de reproducción de la economía capitalista.
Serge Proulx considera que se requieren cuatro condiciones para la apropiación social de una tecnología:
“a) El dominio técnico y cognitivo del artefacto; b) la integración significativa del objeto técnico en la práctica cotidiana del usuario; c) el uso repetido de esta tecnología que abre hacia posibilidades de creación (acciones que generan novedad en la práctica social); d) finalmente, a un nivel propiamente más colectivo, la apropiación social supone que los usuarios estén adecuadamente representados en el establecimiento de políticas públicas y al mismo tiempo sean tenidos en cuenta en los procesos de innovación (producción industrial y distribución comercial)” (Proulx citado por  Cardon, Dominique, 2006: s/p)
Las últimas dos condiciones que estipula Proulx son las que diferencian la apropiación de otros conceptos como adaptación, uso, asimilación. Son dos condiciones a tener muy en cuenta en el discurso de las políticas públicas: la creación, la innovación en las prácticas sociales producto del uso, en este caso de las TIC y la implicación de esos usuarios en el establecimiento de políticas públicas.
Para que se dé realmente la apropiación social es condición que el contacto con lo apropiable produzca un cambio, no sobre lo apropiable sino sobre las prácticas sociales asociadas con lo apropiable y luego un paso más allá: los que se apropian deben poder regular el resultado del cambio en las prácticas sociales.

JUSTIFICACION
Las tecnologías de la información y la comunicación juegan un papel protagónico en la forma como los pueblos enfrenten la globalización. La discusión sobre las “brechas” entre países “info-ricos” o “info-pobres” estuvo hasta el 2004 en manos de las empresas privadas y los organismos supranacionales. Finalmente, en junio del 2005, en la Cumbre Mundial de la Sociedad de la Información participó por primera vez “la sociedad civil”.  El control lo siguen manteniendo las grandes potencias del G8 pero frente a las posibilidades de mayor control social, o menor control social a través de las TIC, tanto los gobiernos como las transnacionales están invirtiendo fuertemente en la investigación sobre las formas de “uso” de las TICs por parte de las comunidades y para ello es necesario traer a las comunidades a la mesa de discusión.
En Venezuela ya existe el marco legal para impulsar las TICs hacia el servicio de las comunidades. En el año 2000, el gobierno nacional, por medio del Ministerio de Ciencia y Tecnología, oficializó “el uso de Internet como política prioritaria para el desarrollo cultural, económico, social y político de la República Bolivariana de Venezuela”,  mediante el decreto 825. Una posibilidad para ello es el Gobierno Electrónico, los Infocentros y sus alternativas y la instauración del software libre como standard  de la administración pública.
El objetivo es que se dé apropiación social en la apropiación tecnológica para que exista una mayor capacidad de resistencia y negociación en el pueblo venezolano, (y latinoamericano) frente a uno de los mecanismos más avasallantes pero al mismo tiempo más permeables de la globalización como son las TIC.


Objetivo General



Explorar la puesta en práctica del gobierno electrónico (como política pública del Estado venezolano) por parte de ciudadanos venezolanos a través de la participación ciudadana y la apropiación social.


 Objetivos Específicos en base a los proyectos

  1. Analizar la participación ciudadana a través de las TIC en las escuelas de Familia en los Colegios Católicos de Maracaibo, estado Zulia
  2. Analizar las formas de participación de  los venezolanos en las redes sociales a través del caso de la cuenta Twitter de Hugo Chávez